La Provincia rechaza el autodespacho de combustibles
En diciembre, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció su intención de promover el autodespacho de combustibles en estaciones de servicio, una medida que genera controversia en diversos sectores. Aunque la iniciativa aún no se ha oficializado, en la provincia de Buenos Aires ya la descartan, apoyándose en legislación vigente que protege a los trabajadores del sector y prioriza la seguridad.
La Ley 13.623, aprobada por la Legislatura Bonaerense en 2006 y promulgada en enero de 2007 durante la gestión de Felipe Solá, establece una prohibición explícita en todo el territorio provincial sobre el uso de surtidores operados por los propios consumidores o por personal ajeno a las estaciones de servicio. Este marco legal, que abarca combustibles líquidos y gaseosos, obliga a que todas las estaciones cuenten con personal capacitado y advierte que su incumplimiento acarrea la clausura preventiva del establecimiento.
En este contexto, Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, se reunió con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) para analizar el impacto de la posible desregulación. Correa reafirmó la postura del gobernador Axel Kicillof de hacer cumplir estrictamente la ley. "El objetivo es proteger el empleo, la salud y la seguridad de los trabajadores", señaló el ministro, en un mensaje claro contra la iniciativa nacional.
Seguridad y empleo
La medida enfrenta el rechazo del gobierno bonaerense y de los sindicatos, además de la Federación de Entidades de Combustibles. Su presidente, Juan Carlos Basílico, subrayó los riesgos asociados al manejo de combustibles. "Aunque no lo quieran reconocer, cargar combustible implica riesgos que solo pueden ser gestionados por playeros capacitados por las empresas y el sindicato", afirmó.
Los defensores del modelo tradicional argumentan que el autodespacho podría poner en peligro tanto la seguridad de los consumidores como la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Actualmente, las estaciones de servicio representan una fuente de empleo para un número significativo de personas que, según los gremios, serían desplazadas si se implementara esta modalidad.
Un antecedente de resistencia
La gestión de Axel Kicillof ya ha demostrado en varias ocasiones su disposición a frenar medidas de desregulación impulsadas a nivel nacional. Ejemplos recientes incluyen la oposición a cambios en el transporte de larga distancia y la venta de medicamentos. Ahora, con el respaldo de la Ley 13.623 y el consenso entre gremios y el gobierno provincial, se prepara para enfrentar esta nueva iniciativa que, según sus críticos, prioriza la reducción de costos sobre la protección de derechos laborales y la seguridad.
El conflicto plantea una vez más la tensión entre desregulación y regulación estatal, un debate que no solo tiene implicancias económicas, sino también sociales y políticas. La provincia de Buenos Aires se posiciona firme, defendiendo un modelo que prioriza la estabilidad laboral y la seguridad de sus ciudadanos frente a las presiones del mercado.
