Los presos serán obligados a realizar tareas de mantenimiento en cárceles federales
A partir de una nueva normativa del Gobierno nacional, los internos alojados en cárceles federales estarán obligados a realizar tareas de mantenimiento y limpieza en los espacios comunes de los establecimientos penitenciarios. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1346/2024 del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
El objetivo principal de esta disposición es promover la reinserción social de los presos y reducir los índices de reincidencia delictiva, en consonancia con lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional. Según la normativa, los internos deberán participar activamente en tareas como limpieza, aseo e higiene de celdas, pabellones y patios, sin recibir ninguna remuneración a cambio.
Combate a la ociosidad y fomento del orden
Desde el Ministerio de Seguridad subrayaron que la medida también busca disminuir la ociosidad dentro de los penales, un factor que consideran vinculado al incremento de violencia y desorden en las cárceles. Las tareas podrán realizarse por un máximo de cinco horas diarias y estarán supervisadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que será responsable de diseñar los planes y cronogramas específicos para su implementación.
La resolución destaca que estas labores son un deber inherente al mandato constitucional de mantener las cárceles “sanas y limpias”. Además, se busca que los presos desarrollen hábitos que faciliten una convivencia ordenada y contribuyan a su preparación para la vida en sociedad. Los materiales necesarios para estas actividades serán provistos por el SPF, garantizando así las condiciones para llevar adelante la normativa.
Una medida sin exclusiones
La disposición alcanza a los cerca de 12 mil internos alojados en las cárceles federales del país, sin importar si están procesados o condenados. Esto incluye a personas calificadas como de “alta peligrosidad” y a aquellos acusados de delitos de lesa humanidad.
