El Gobierno desreguló el transporte de pasajeros de larga y media distancia

El Gobierno Nacional anunció una importante medida que apunta a desregular el transporte automotor de media y larga distancia, una iniciativa que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Esta decisión tiene como uno de sus principales objetivos reducir los precios de los pasajes, en un intento por mejorar la competitividad del sector y beneficiar a los usuarios finales. En el anuncio oficial, se destacó que la medida generará “beneficios para todos los actores del sector”, ya que se flexibilizarán varias de las normativas que regulan esta actividad. Entre los cambios más significativos, se encuentra la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, el cual será de acceso público, sin costo y disponible de manera online, con el objetivo de facilitar los trámites para las empresas transportistas.

Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es que habilitará a las empresas a establecer de manera libre los recorridos, horarios, precios y la duración de los servicios, lo que significa un cambio radical en el funcionamiento del transporte automotor de pasajeros en Argentina. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reemplaza una normativa con más de 30 años de antigüedad, que se encontraba desactualizada frente a la dinámica actual del transporte. Según se detalló en el decreto, la liberalización, modernización y desregulación del sector permitirán adaptarlo a las nuevas demandas del mercado.

La creación del nuevo Registro Nacional del Transporte de Pasajeros no solo representa una simplificación burocrática, sino también una medida de transparencia. Las empresas que ya se encuentran registradas no deberán volver a inscribirse, mientras que las nuevas compañías que deseen ingresar al mercado podrán hacerlo de manera rápida y sencilla. Una vez completada la inscripción en el registro, las empresas obtendrán automáticamente la habilitación para operar dentro de un plazo de cinco días hábiles. A pesar de la liberalización del sector, se destacó que se mantendrán vigentes las exigencias en materia de seguridad establecidas por la normativa actual, lo que incluye los requisitos relacionados con la seguridad de los vehículos y la capacitación de los choferes.

Esta reforma será implementada por la Secretaría de Transporte de la Nación, y su puesta en marcha está prevista para dentro de 60 días, tiempo en el cual se realizarán las actualizaciones tecnológicas necesarias para que el nuevo sistema entre en funcionamiento. Desde el Gobierno se ha señalado que esta medida busca eliminar trabas innecesarias que obstaculizaban el crecimiento del sector, al tiempo que se espera que agilice los tiempos administrativos y permita la incorporación de nuevos actores. La administración de Javier Milei remarcó que esta liberalización de las condiciones de prestación del servicio generará una mayor competencia en el mercado, lo que derivará en una mayor oferta de servicios y una reducción en los costos para los usuarios.

La desregulación implica que las empresas de transporte tendrán la posibilidad de establecer libremente los recorridos, los vehículos que utilizarán, los horarios y los precios de los pasajes. También podrán determinar la duración de los servicios y los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, siempre que estos se encuentren autorizados por las respectivas jurisdicciones locales. Esta flexibilidad tiene como objetivo fomentar una mayor competencia entre las empresas, lo que, en teoría, debería beneficiar tanto a los usuarios como a las compañías del sector. El Gobierno confía en que esta mayor libertad redundará en una oferta más amplia de servicios y en una reducción de los precios, lo que permitirá a los pasajeros acceder a tarifas más económicas.

A pesar de la liberalización, las empresas de transporte estarán obligadas a cumplir con ciertos requisitos administrativos. Deberán informar a la autoridad de aplicación sobre la capacidad de transporte de sus vehículos, detallando la cantidad y tipo de unidad, la cantidad de asientos disponibles, los seguros contratados, la nómina de conductores asignados a cada servicio, así como la información relativa a las licencias de conducir de los mismos. Además, deberán declarar la periodicidad de los servicios, el origen y destino de los viajes, y las paradas intermedias autorizadas en los recorridos.

Entre los cambios más significativos para el sector de transporte de media y larga distancia, se destacan la eliminación de las clasificaciones vigentes. Hasta ahora, los servicios se dividían en categorías como servicios públicos, de tráfico libre, ejecutivos y de turismo, pero con la nueva normativa todas estas distinciones desaparecerán. Asimismo, la nueva reglamentación elimina la necesidad de obtener permisos especiales para operar en determinados tramos del país, lo que permitirá a las empresas habilitadas ofrecer cualquier recorrido sin necesidad de solicitar autorizaciones adicionales.

Otro cambio importante es la posibilidad de que las empresas puedan compartir vehículos, lo que fomentará una mayor optimización del parque móvil. Además, se permitirá la incorporación de vehículos de menor tamaño, como combis, para realizar servicios interjurisdiccionales, algo que hasta ahora no estaba contemplado en la normativa. Esta flexibilización busca ampliar las opciones de transporte para los usuarios, adaptando el servicio a las necesidades específicas de cada recorrido.

A diferencia del sistema actual, que establece un plazo de 10 años para la explotación de los servicios de transporte, la nueva normativa no impondrá un límite temporal para la prestación de estos servicios. Las empresas podrán iniciar sus actividades automáticamente dentro de los cinco días hábiles posteriores a su inscripción en el registro, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera para comenzar a operar. Sin embargo, no se eliminarán los requisitos de exámenes psicofísicos ni las capacitaciones para los choferes, aunque la realización de estos controles quedará a cargo de las jurisdicciones locales, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.