Entró en vigencia la prohibición de cobrar impuestos y tasas en facturas de servicios públicos

Desde este lunes, ya rige la prohibición de incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios públicos en todo el país, una medida implementada por el gobierno de Javier Milei. Esta decisión ha generado tensiones con los intendentes, en especial aquellos del conurbano bonaerense, quienes sostienen que este cambio podría ahogar financieramente a los municipios, al retirarles una importante fuente de ingresos.

La nueva norma, impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio, prohíbe a las empresas de servicios públicos de luz, agua y gas la inclusión de tasas municipales en sus facturas. Sin embargo, esta prohibición no afecta a todas las jurisdicciones por igual. Mientras que la mayoría de las localidades de la provincia de Buenos Aires y el país deberán acatar esta disposición, algunos municipios han quedado temporalmente exentos. Entre ellos se encuentran Pilar, que posee una cautelar firme, y otros como Moreno, Tigre, Escobar y La Rioja, que aún esperan una resolución judicial.

Este golpe a las administraciones municipales, sobre todo en el conurbano, fue interpretado por algunos sectores como una estrategia política del gobierno de Milei para debilitar a los intendentes opositores, quienes se ven privados de una importante herramienta de recaudación local. La inclusión de impuestos y tasas municipales en las boletas de servicios públicos era una práctica extendida, que ahora está en el centro de una disputa política y económica.

Impacto en los usuarios y denuncias

Desde el punto de vista de los usuarios, la prohibición fue bien recibida, ya que elimina cargos adicionales que muchas veces no correspondían a los servicios contratados. Organizaciones de consumidores de todo el país han respaldado la medida, calificándola como un paso necesario para poner fin a lo que consideran "cobros indebidos".

Ahora, los usuarios que continúen recibiendo facturas con impuestos o tasas ajenas a los servicios pueden hacer las denuncias correspondientes. Para ello, se ha habilitado un canal de denuncias por correo electrónico a denunciatufactura@comercio.gob.ar, donde los consumidores podrán enviar fotos de las facturas que incumplan la normativa. Esta opción está disponible desde el lunes, y se espera que las denuncias ayuden a fiscalizar el cumplimiento de la medida.

La resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada en septiembre, otorgaba un plazo de 30 días para que las empresas adecuaran sus modelos de facturación a la nueva normativa. A partir del vencimiento de este plazo, las compañías ya no podrán incluir cargos adicionales que no correspondan a los servicios de luz, agua o gas, limitándose a facturar únicamente los bienes y servicios esenciales contratados.

Fundamentos legales y sanciones

La medida se apoya en disposiciones legales previas, como el artículo 4 de la Ley Nº 24.240, que obliga a los proveedores de bienes y servicios a suministrar información clara y detallada sobre los productos y servicios que ofrecen. Asimismo, el artículo 8 bis exige un trato digno y equitativo para los consumidores, instando a las autoridades a garantizar la protección de estos derechos.

En caso de incumplimiento de la normativa, las empresas proveedoras de servicios públicos podrán ser sancionadas según las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor y las normativas reglamentarias. Entre las sanciones posibles se incluyen la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de multas, que buscarán disuadir a las empresas de continuar con prácticas indebidas.

La resolución 267/24 de Industria y Comercio se complementa con resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las cuales también prohíben incluir en las facturas conceptos ajenos a los servicios prestados, reforzando el marco regulatorio en torno a la facturación de estos servicios esenciales.

Un contexto de tensión política

A pesar de los beneficios que esta medida pueda generar para los consumidores, la implementación de la prohibición ha elevado la tensión política entre el gobierno nacional y los intendentes de varias localidades. Los jefes comunales han criticado duramente la medida, argumentando que los municipios dependen de estos ingresos adicionales para financiar servicios locales y que la prohibición amenaza con desfinanciar a las comunas, sobre todo en contextos de crisis económica.

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei ha defendido la medida como una forma de transparentar los costos de los servicios públicos y eliminar sobrecostos que no tienen relación con los servicios esenciales. La administración libertaria considera que esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para reducir el intervencionismo estatal y devolver más poder adquisitivo a los consumidores, eliminando cargos ocultos en las facturas.

En este marco, el debate sobre la prohibición de incluir tasas e impuestos en las facturas de servicios públicos continúa, con múltiples frentes abiertos tanto en lo político como en lo judicial. Mientras algunos municipios buscan excepciones o amparos judiciales, los consumidores siguen atentos a cómo se implementará esta medida en sus próximas facturas.