Definen el tarifazo de luz a partir de febrero: Se esperan subas de un 350%

En medio de las complejas negociaciones que han rodeado el tratamiento de la ley ómnibus, la administración encabezada por el presidente Javier Milei ha iniciado la cuenta regresiva para definir los incrementos tarifarios que regirán a partir de febrero para las empresas Edenor y Edesur. Además, se avecina una significativa modificación en el precio de la energía para los usuarios de todo el país, como resultado de decretos como el Caputazo y la eliminación de subsidios a los clientes residenciales, medidas adoptadas por el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Aunque aún no se han revelado los datos cruciales acerca del nuevo valor de la energía mayorista y la quita de subsidios para los usuarios residenciales, los primeros cálculos realizados por expertos del sector, según el portal Letra P sugieren que los aumentos finales para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían oscilar entre un 200% y un 350%.

Estos incrementos en las tarifas de las compañías eléctricas se suman a las previsiones de aumentos del 420% en promedio para las boletas de gas y del 250% para el transporte público, afectando directamente a la economía de los ciudadanos.

En el marco de esta compleja situación, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha convocado a una audiencia pública para abordar las mejoras "transitorias" solicitadas por las distribuidoras metropolitanas. Estas mejoras buscan garantizar el servicio eléctrico durante el presente año. Fuentes del sector han afirmado que el pedido de las eléctricas estaría por debajo del 200%.

A esta convocatoria virtual, no vinculante, se suma otra similar programada para el lunes 29 de enero, en la que se discutirán los aumentos requeridos por las transportistas eléctricas. Tras evaluar los gastos operativos y las inversiones propuestas por las empresas, el ente regulador deberá definir con urgencia los porcentajes definitivos de los aumentos que afectarán a las empresas Edenor, Edesur y a las compañías que operan las redes de distribución energética.

A estos aumentos se añaden dos variables que contribuirán al alza en las facturas eléctricas. En primer lugar, la actualización del valor de la energía mayorista, que, según la programación estacional febrero-abril estimada por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa), debería experimentar un aumento del 140% para compensar el impacto inicial de la devaluación producto del Caputazo en los costos de generación. La segunda variable es la reducción de subsidios para los clientes residenciales.

Siguiendo el camino anunciado para el sector gasífero, la Secretaría de Energía tiene la intención de eliminar gradualmente los subsidios eléctricos entre febrero y abril, con reducciones mensuales del 33%. Esta medida estaría ligada a un cambio estructural en el actual esquema de subsidios, basado en la segmentación de tres niveles residenciales: N1 para altos ingresos, N2 para bajos ingresos y N3 para sectores medios.

Las autoridades energéticas buscan reemplazar este esquema por una nueva fórmula que considere los ingresos totales de cada hogar y el consumo mínimo de electricidad necesario para mantener el subsidio. Aquellos que superen este límite subsidiado pagarán la tarifa plena por el excedente.

El plan de la administración mileísta es que este nuevo mecanismo de subsidios entre en vigencia a partir de mayo, precedido por una audiencia pública que se convocaría entre marzo y abril. A diferencia de las compañías de gas, que debieron especificar los porcentajes de aumentos necesarios para este año, las distribuidoras metropolitanas solo presentaron para la audiencia pública el monto de los ingresos requeridos para operar y mantener el servicio a lo largo de 2024.

En cuanto al mecanismo de ajuste mensual, Edenor, controlada por el grupo empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, solicitó una recaudación adicional de $521.303 millones. De este total, $174.353 millones corresponden al plan de inversiones, mientras que los restantes $346.950 millones forman parte de los costos operativos, el pago de salarios y los gastos administrativos y financieros. Además, los dueños de Edenor han propuesto un aporte estatal adicional de $312.493 millones para saldar las deudas acumuladas con Cammesa por la falta de pago de la totalidad de las facturas de energía recibida del sistema eléctrico.

En el caso de Edesur, empresa gestionada por el grupo italiano ENEL, la suma estimada para cubrir gastos y obras durante este año asciende a $469.500 millones. De esta cantidad, $167.000 millones se destinarán a movimientos financieros, impuestos y caja chica; $114.500 millones se invertirán en obras directas; $111.000 millones se destinarán a materiales y contratistas; y $77.000 millones se destinarán al pago de salarios y cumplimiento de exigencias del ENRE.

A pesar de las cuantiosas sumas solicitadas, ambas distribuidoras coinciden en la necesidad de implementar un mecanismo de ajuste mensual que permita la actualización automática de sus ingresos específicos, evitando así la burocracia de pasar por audiencia pública en cada ajuste necesario. Este pedido refleja la urgencia de las compañías eléctricas por adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado y afrontar los desafíos económicos planteados por las recientes medidas gubernamentales.